Las personas que sufren la carga económica de una discapacidad pueden solicitar las prestaciones por incapacidad de la Seguridad Social si tienen un historial laboral que les permita optar a ellas. Sin embargo, deben ser conscientes de la posibilidad de que se deniegue su solicitud y de lo que pueden hacer al respecto.
Según el sitio web de la SSA, el primer presentación recibe una denegación la mayoría de las veces.
En 2018, más de 2 millones de personas solicitaron prestaciones, y solo 20,3% de las solicitudes iniciales recibieron adjudicaciones. De las denegaciones, 23,2% fueron por motivos médicos y 40,7% por motivos técnicos.
En la última década, alrededor de 2,2% de recursos dieron lugar a adjudicaciones de reconsideración cada año. En el momento de la publicación de estos datos en 2019, todavía había casos pendientes desde 2012. Los motivos de denegación incluyen:
Si el impedimento de un solicitante es consecuencia de una adicción a las drogas o al alcohol, la discapacidad no da derecho a prestaciones. La falta de cooperación o la decisión de interrumpir la tramitación de la solicitud son otros motivos habituales de denegación.
El SSA señala que en la mayoría de los casos, los solicitantes pueden recurrir una denegación en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la notificación de denegación. El proceso de apelación consta de cuatro etapas, que comienzan con la reconsideración por parte de otro representante de la SSA, una audiencia ante un juez de derecho administrativo, una revisión del Consejo de Apelaciones y, por último, una demanda civil ante un tribunal federal.
Debido a la larga duración de las denegaciones, reunir toda la documentación apropiada y seguir cuidadosamente el proceso es esencial para obtener esta forma de alivio financiero.